El 21 de julio de 2021, fiscales del Ministerio Público de Guatemala y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) caminaron a lo largo de las cristalinas corrientes del río Azul.
Su destino era el pueblo de San Marcos Huista, en el extremo noroccidental del departamento de Huehuetenango, junto a la frontera mexicana. No querían caminar, pero el único puente que permitía el acceso en automóvil a ese pueblo se había derrumbado.
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