Un costarricense de apellidos Ulate Picado figura como sospechoso de liderar un pequeño grupo de mujeres panameñas, quienes ofrecían a sus propias hijas y sobrinas, con edades de los 4 a los 16 años, para grabar material pornográfico. Asimismo, ellas se encargaban de contactar a otras madres de niñas y jóvenes, en su mayoría de escasos recursos económicos, y les ofrecían entre $30 y $100 (¢19.000 a ¢64.000) a cambio de que las menores fuesen explotadas sexualmente.